20180319

Euskadi contiene la respiración. Las buenas perspectivas de crecimiento económico compartidas por el Gobierno vasco y diferentes servicios de estudios pueden tambalearse si el principio de terremoto anunciado al otro lado del Atlántico a modo de amenaza de aranceles se convierte en un tsunami. Todas las previsiones positivas estaban condicionadas siempre a «posibles incertidumbres» que puedan torcer la todavía endeble recuperación económica tras una profunda crisis económica mundial. Hasta ahora se hablaba de los efectos -todavía desconocidos- que pueda tener el Brexit en nuestra economía. Ahora hay una nueva incertidumbre que viene de la mano de Donald Trump. El próximo día 23 se conocerá si la amenaza del presidente de los Estados Unidos de imponer aranceles de un 25% a la importación del acero y un 10% al aluminio se materializa y si además se extiende a la aplicación de gravámenes a constructores de automóviles europeos como Mercedes-Benz, con planta en Vitoria, y BMW.

El primer G-20 presidido por un país sudamericano arranca hoy en Buenos Aires con un grupo de naciones emergentes que apuesta por abrirse más mientras contempla con inquietud la guerra comercial que se abre entre las grandes potencias del primer mundo, especialmente entre EE UU y la UE. La primera cita preparatoria de la gran cumbre de líderes de noviembre se realizará con esa gran sombra del proteccionismo de Trump que está provocando la reacción de la UE. La tensión comercial entre ambos bloques amenaza con extenderse a otros miembros del G-20 que están mostrando claros síntomas de recuperación económica y crecimiento firme y querían ir precisamente en el sentido contrario, el de más comercio.

La industria siderúrgica vasca inició en 2017 una recuperación, ahora amenazada por los aranceles al acero de los Estados Unidos, que se concretó en un incremento de la producción de acero en Euskadi del 9%, según datos del clúster siderúrgico vasco, Siderex, hasta superar, de nuevo, los 3 millones de toneladas de acero. Una cifra que pese a la positiva evolución contabilizada el pasado año está muy lejos de las cifras que se manejaban en 2007, antes de la crisis, que, de la mano de la construcción llegaron a los casi 7,5 millones de toneladas. Pese a ello, el crecimiento de la producción vasca estuvo por encima del incremento contabilizado en el conjunto de España en 2017 y que llegó al 5,7%, según datos de la organización empresarial Unesid, y también del aumento del 5,3% a nivel mundial, según Worldsteel.

El auge del proteccionismo comercial y el temor a la llegada de inversores, fundamentalmente asiáticos, a sectores considerados estratégicos, ha paralizado en los últimos dos años seis operaciones empresariales por valor de 100.000 millones de euros. Y esos seis vetos se reparten de forma equilibrada entre Estados Unidos y Europa.

El consejo de ministros aprobará el proyecto de Presupuestos de 2018 el 27 de marzo tras meses de retraso por el enquistamiento de la situación política en Cataluña, según anunció ayer Rajoy en Murcia. Las cuentas públicas incluirán un aumento de la recaudación fiscal hasta cerca de 210.000 millones de euros, una cosecha récord. Esto le ayudará a cumplir el pacto con Ciudadanos que incluye una rebaja de impuestos para los que ganen menos de 14.000 euros al año. Los Presupuestos también recogerán una subida del 1,75% del sueldo de los funcionarios y una mejora de las pensiones más bajas y de viudedad.

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha tomado nota del descontento de los pensionistas, uno de sus principales caladeros de votos. En la clausura del Congreso del PP de Murcia, Rajoy anunció que las pensiones «subirán más, y pronto», siempre que España siga creciendo y creando empleo. «Subirán lo que podamos, pero no lo que no podemos», añadió.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, responde a las manifestaciones de los jubilados y a las peticiones de la oposición rechazando por falta de recursos un aumento generalizado a todos los pensionistas, pero sí con medidas que beneficiarán a una amplia mayoría con las pensiones más bajas, según aseguran fuentes gubernamentales. La combinación de mejoras de las pensiones mínimas, de viudedad y rebajas fiscales supondrán más dinero para al menos el 65% de los pensionistas, según las estimaciones preliminares que baraja el Gobierno. Se puede llegar al 70% en función del resultado de las negociaciones con los grupos políticos en la elaboración de los Presupuestos y las posibilidades finales en las cuentas públicas, añaden las citadas fuentes. El grueso de la oposición considerará insuficiente el paquete de mejoras.

Colaboración, competitividad, formación y estrategia. Son algunas de las palabras que más repiten los representantes de empresas industriales, grupos tecnológicos y miembros de la Administración al abordar los nuevos retos de la Industria 4.0. Lo hacen impulsados por una sensación de urgencia, al constatar que la cuarta revolución industrial ya es una realidad y que las empresas que no sean capaces de adaptarse pondrán en juego su supervivencia. Esta revolución a golpe de transformación digital protagonizó el encuentro Industria 4.0, organizado por Expansión e Ibermática, y en el que participaron empresas como Microdeco, Grupo Siro, Dacsa y Quesos Entrepinares, además de representantes de la EOI, de la Cámara de Comercio de España y del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Sólo Extremadura tiene una tasa de temporalidad en el sector público superior a Euskadi. Según datos de la Encuesta de Población Activa, el porcentaje de empleados de la Administración vasca sin contrato estable se ha disparado hasta el 34% al cierre del último trimestre, unas cifras desconocidas desde 2008. Aunque el horizonte inmediato invita a la esperanza por la mayor convocatoria de oposiciones de la historia, con casi 6.000 plazas en juego, los sindicatos juzgan insuficiente esta oferta para reducir la temporalidad al 8% pactado a nivel nacional, tras años de ajustes por la crisis.

Los centros investigadores pueden desgravarse desde un 100% hasta un 0% del IVA de las adquisiciones de material y equipamiento o de las subvenciones que reciben del Gobierno, según la interpretación de la normativa que haga el inspector de Hacienda. Sin embargo, si la ciencia fuera reconocida como una actividad económica, estas entidades podrían deducirse el total del impuesto. Esto es lo que está tratando de lograr la alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (SOMMa) que ha pedido el apoyo de todos los partidos a la enmienda parlamentaria sobre la ley de contratos menores que se discutirá en las próximas semanas en el Congreso de los Diputados. Con ella, se definiría a la investigación también como una actividad de interés general, cuyas aportaciones de la Administración no están sujetas al precio.

Golpe fiscal al patrocinio de acontecimientos de excepcional interés público. Hacienda no permitirá a las empresas que patrocinan de forma gratuita este tipo de eventos que organizan fundaciones y organismos públicos deducirse el coste de sus envases, botellas, cartones, cajas, paquetes, latas, botes, bricks, ejemplares de periódico o suplementos como hasta ahora. Tan sólo será deducible el gasto de impresión que suponga la inscripción del evento, con lo que esta deducción en el Impuesto sobre Sociedades pierde buena parte de su atractivo. Con este cambio de criterio del Fisco, se abre la vía para que la Inspección requiera a las empresas todo lo que considere que se han deducido de más en los últimos cuatro años no prescritos.

Una nueva revolución renovable está en marcha en España. Más allá de los megavatios que fueron otorgados en las tres subastas que ha organizado hasta ahora el Gobierno, que se saldaron con la adjudicación de 3.900 MW fotovoltaicos (concretamente, en la tercera, celebrada en julio del año pasado), distintos inversores han presentado avales para construir plantas con una capacidad total de 23.500 MW. Según datos del sector, la mayoría de dichos avales, que suman 235 millones de euros (a 10.000 euros por megavatio), se han presentado ante las comunidades autónomas (18.500 MW) y los 5.000 MW restantes se están tramitando ante la Administración central.

La nueva ley de contratos del sector público entró en vigor hace diez días con muchas novedades ya que una de las finalidades que persigue es facilitar la participación de las pymes. Las empresas vascas deben considerar qué aspectos les afectan para poder licitar a partir de ahora. El abogado Joanes Labayen, socio de Cuatrecasas y director de la oficina de San Sebastián, detalló las novedades en una jornada de la patronal SEA.

La tensión entre Iberdrola y Siemens por la gestión que está haciendo este grupo en Gamesa ha alcanzado a los grandes fondos de inversión. Las grandes agencias de proxy, que aglutinan los derechos de voto de los fondos y otros inversores, y dan recomendaciones de cómo debe ser la votación en las juntas, han aceptado la parte esencial de las propuestas de Iberdrola de cara a la próxima asamblea, prevista para este viernes. Así se recoge en los informes de Glass Lewis, ISS y ECGS, las mayores agencias de proxy mundiales. La eléctrica es, con el 8%, el segundo accionista de Gamesa, tras Siemens, que tiene el 59%.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ganó ayer de forma aplastante las elecciones en Rusia con un 76,5% de los votos, cuando estaba escrutado el 95% de las papeletas. Es el porcentaje más alto que ha obtenido en las cuatro presidenciales a las que se ha presentado. El segundo más votado, el comunista Pavel Grudinin, apenas se quedaba en el 11,9%. Tras un desenlace cantado, la cuestión es ver si Putin continúa con su retórica belicista o si entra en una fase menos explosiva y se ocupa del mal estado de la economía.

«El título de la columna invita al debate sobre el hecho, aparentemente contrastado, de que los salarios van perdiendo año tras año peso y porcentaje en el conjunto de la Renta nacional, sobre todo en el occidente desarrollado. Es decir, que cada ejercicio que transcurre, el excedente bruto de explotación (los beneficios del capital) gana cuota en el Producto Interior Bruto (PIB) mientras que, paralelamente, se registra una pérdida relativa de cuota en los sueldos y salarios. Una circunstancia que provoca necesariamente alguna inquietud para el presente y futuro de las familias, que son las perceptoras de las referidas retribuciones salariales».